AUTORA: Rocio Chalup – Residente Carrera Trabajo Social (UCASAL)- Programa de Prácticas Pre-Profesionales MANOS

Coordinadora de Programa: Lic. Anyelén Aválos.

 

El siguiente escrito invita a pensar/reflexionar sobre todas aquellas prácticas sociales reproducidas y establecidas en la sociedad, enmarcadas desde un sistema capitalista[1] y patriarcal[2]; particularmente, aquellas entre las cuales, dichos procesos constituyen una división marcada en las asignaciones de tareas, actividades y trabajos de manera diferenciada para cada sexo.

Desde una perspectiva histórica, las sociedades modernas se constituyen sobre una división entre el espacio público y el espacio privado. En el espacio público, se desarrollan la política, los negocios, el trabajo remunerado, los estudios, los deportes, los espacios culturales. Este desarrollo particular se encuentra generalmente asociado a los varones, a lo masculino. Mientras que en el espacio privado se establece la reproducción biológica y el trabajo doméstico, los cuales son generalmente asignados a las mujeres, a lo femenino.

La diferenciación entre estos espacios responde a configuraciones complejas donde el género se conforma en un factor determinante de las desigualdades sociales.

Como expresión de este tipo de desigualdades se menciona la división sexual del trabajo a partir de la cual, por lo general, los varones son proveedores económicos y las mujeres “cuidadoras” del hogar, con limitada participación en el mercado laboral. Esto da lugar a una injusta organización social de las prácticas del cuidado.

Se entiende por prácticas de cuidado al “conjunto de actividades y relaciones orientadas a alcanzar los requerimientos físicos y emocionales de niños y adultos dependientes, así como los marcos normativos, económicos y sociales dentro de los cuales éstas son asignadas y llevadas a cabo” (Daly & Lewis, 2000). Dichas prácticas constituyen una dimensión central del bienestar y del desarrollo, que, aunque han existido diferentes maneras de organizar la provisión social del cuidado, aún hoy parte significativa de estas tareas sigue concentrada en la esfera de la familia y principalmente como una responsabilidad básicamente femenina.

De hecho, las mujeres utilizan gran parte de su tiempo en las tareas de cuidado, las cuales en definitiva constituyen un trabajo no remunerado. Esto dificulta su plena participación económica, social y cultural en la sociedad. Pues, “la dedicación horaria a las tareas de cuidado, tiene altos costos para las mujeres. También lo tiene para sus familias. Por un lado, cuanto más tiempo se dedica al trabajo doméstico no remunerado, menos tiempo queda disponible para ingresar y permanecer en una actividad remunerada y para otras actividades.” (Faur, 2014)[3]. En las poblaciones con recursos escasos esta situación se complejiza aún más ya que, el nivel educativo, las trayectorias previas de empleo y otras, influyen de forma directa en las oportunidades de inserción laboral y participación política. De esta forma, la desigual distribución de responsabilidades de cuidado y de oportunidades para atenderlas, es un vector claro de reproducción de desigualdades socio-económicas y de género.

Según la investigación comparativa sobre condiciones socio-económicas y políticas de cuidados para la equidad de género[4] (2018), desarrollada por la Asociación Manos, el 26,9% de las mujeres de un barrio popular[5] no trabaja debido a la maternidad, mientras que solo el 1,8% de los hombres relacionan la paternidad como limitante para el desempeño laboral. Mientras, el 27,8% de las mujeres en las mismas condiciones trabaja como empleada doméstica, el 22,7% se dedica a la venta ambulante y el 9,3 % se emplea en otras tareas de cuidados.

Estos datos, de alguna manera, dan cuenta de un primer panorama en el que las tareas de cuidado actúan como una condición excluyente de las oportunidades de formación, educación, inserción en el mercado laboral y participación. Implicando ello la existencia de situaciones en las que se vulneran los derechos de las mujeres, sobre todo los de aquellas que viven en poblaciones vulnerables.

Por ello la importancia de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la corresponsabilidad, es decir como un derecho que debe ser garantizado por todos los actores existentes en una sociedad: la familia, los gobiernos, las instituciones estatales, las organizaciones sociales, etc.

Desde esta manera, las prácticas de cuidado deben concebirse como el “reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres”. Ello implica entender que el cuidado trasciende la esfera privada/familiar.

Es importante, entonces, pensar al cuidado como un asunto público que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones y empresas, a partir de la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, por medio de la promoción de un sistema integral de cuidado, que puedan impactar efectivamente en las brechas de desigualdad de género y socio-económicas.

En este sentido, los diferentes actores sociales deben poder ser impulsores y dinamizadores de la transformación sobre la distribución de este tipo de tareas teniendo como eje al género desde una mirada transversal y promoviendo el cambio cultural. Es decir, modificando y transformando integralmente la regulación de las políticas de cuidado.

Bajo esta perspectiva, la asociación MANOS desarrolla, por ejemplo, el programa de “Mujer a Mujer”. El mismo tiene por objetivo generar procesos personales y colectivos para la desconstrucción de la subjetividad patriarcal y capitalista en vistas al desarrollo de la conciencia crítica y política feminista. Entendiendo al movimiento feminista en términos amplios y heterogéneos. Como así también se busca, promover y garantizar oportunidades de participación de las mujeres en el ámbito público y político, generando proyectos cuyo eje central es el desarrollo de políticas de cuidados para la equidad de género.

De esta manera el mencionado programa, para garantizar efectivamente  la participación activa de las mujeres que son parte del mismo, implica la planificación y ejecución de espacios de cuidado y desarrollo integral de la niñez destinados a los hijos e hijas de estas, que funcionan en paralelo a los procesos de formación y trabajo.

 Sin embargo, pese a los avances desarrollados en la sociedad, aún falta mucho. En este sentido es posible reconocer grandes desafíos por delante en el sistema de protección social, que se vinculan directamente al conjunto de derechos sociales y servicios básicos con los que todas las personas deberían poder contar. Pues, el cuidado debería incluir dos tipos principales de garantías: la seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (en efectivo o en especie) y el acceso universal y la asequibilidad a servicios sociales esenciales (OIT, 2012).

Si bien existe cierta variedad de recursos en cuanto a bienes y servicios esenciales, tales como los centros de cuidado infantil (públicos, privados y los ofrecidos por organizaciones sociales y comunitarias) y el nivel inicial en el ámbito educativo, estos no logran tener un alcance significativo a nivel social, entre otras, debido a que el acceso a ellos se encuentra condicionado por diferentes variables de índole social, económica y cultural.

En este sentido, resulta indispensable avanzar en la ejecución de líneas de abordaje estratégicas en materia de política pública que permitan reducir las brechas producto de las desigualdades de género y socio-económicas a partir de la base de una mayor corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las organizaciones de la sociedad civil y las familias,  que promuevan la participación de mujeres en el mercado laboral, la vinculación de los hombres en las tareas de cuidado y la protección social para cuidadoras y trabajadoras domésticas, entre otras. Esto permitirá revertir situaciones de desigualdad y multiplicar esfuerzos en la distribución más justa del cuidado, entendiendo a este último como política pública indispensable para promover el desarrollo económico y la garantía de los derechos humanos.

[1] Sistema social y económico que considera los medios de producción como propiedad privada. Considera al mercado como el mecanismo por excelencia para la asignación de recursos (escasos) y al capital como fuente para generar riquezas.

[2] Sistema social jerárquico basado en sexo-género en donde las mujeres ocupan un lugar de opresión respecto a su posición en dicha estructura.

[3] Faur, Eleonor (2014): “El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual”.

[4] La investigación “Políticas de Cuidado para la Equidad de Género” desarrollada por la Asociación Manos es un estudio censal-comparativo realizado en los años 2018-1019 en dos barrio de la capital salteña con marcadas diferencias socio-económicas: barrio Ampliación 20 de Junio (barrio popular) y barrio Mirasoles (cuya media poblacional pertenece a la clase media).

[5] Se considera Barrio Popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

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